Marta Silva Lapuerta es Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado. Es decir la máxima autoridad. Sobrina de Álvaro Lapuerta extesorero del Partido Popular, entre 1993 y 2008, e imputado en el caso de la caja B del PP.
Ahora se empieza a entender porque la Abogacía del Estado no se ha personado en las irregulares cuentas del partido en el poder. Lo mismo puede decirse de otra actuación «sospechosa» de la Abogacía: en el asunto de la imputación a la Infanta.
Fue nombrada al cargo en enero de 2012 (el ministro de Justicia era Gallardón).
Hija del exministro franquista Federico Silva (uno de «los siete magníficos» que fundaron Alianza Popular) y de Rosario Lapuerta, hermana de Don Álvaro, en su biografía destaca su paso por el ineficaz Tribunal de Cuentas (el PP es maestro en torearles y además con complicidades de lo más obvias) y SACYR. La SER añade al respecto de su paso por la empresa privada: «En 2007, cuando supuestamente la empresa Sacyr pagó una comisión de un mínimo de 200.000 euros para la campaña de Cospedal en Castilla-La Mancha, a cambio de un contrato de basuras en Toledo, Marta Silva era secretaria general y del consejo de administración de esta empresa, y directora general de su asesoría jurídica, según la documentación remitida por Sacyr a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.»
Todo cuadra, incluyendo su titulación por el CEU San Pablo (su padre fue presidente del patronato del CEU y vicepresidente de la Asociación Católica de Propagandistas, que alumbró el centro educativo). Como dijo Mariano «¡Vaya tropa!». La suya desde luego.