La imputación de María Dolores de Cospedal es un marrón para Pablo Casado y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Recordemos que Casado está donde está, al frente del Partido Popular, gracias a Cospedal. Las primarias para suceder a Rajoy, tras la moción de censura que le costó la presidencia del gobierno y su marcha de la política, las ganó Soraya Sáenz de Santamaría. Cospedal quedó tercera detrás de Casado. Al ser eliminada de cara al Congreso dio su apoyo y el de sus fieles (unos 15 mil votos de los 66.700 que votaron) al actual presidente del PP. Esa acción está detrás del cuidado con que la actual dirección del partido está gestionando esta crisis, provocada por la citación judicial por los presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias a su exsecretaria general y su marido. Quien fuera presidenta de Castilla-La Mancha, ministra de Defensa, senadora, diputada (autonómica y nacional) y premio Corazón de Piedra 2014, concedido por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales por su “insensibilidad” y su “obsesión por desmontar políticas sociales”, tendrá que presentar declaración en el juzgado, junto a su marido, los días 29 y 30 de este mes de junio. Este embrollo forma parte de la Operación Kitchen (el espionaje con fondos reservados a Bárcenas y la involucración de Villarejo en el allanamiento de la casa del extesorero del PP para robarle documentación comprometida). Andrea Levy, presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, ha declarado que el reglamento disciplinario del partido sostiene que «si es cargo público, en ese caso aplica el reglamento» y si no lo es, pues no. Lo cual no es cierto y tenemos el ejemplo reciente de exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, a quien se le abrió expediente sin estar ocupando ningún cargo público. Levy ha continuado vendiendo humo hablando de los indultos y la subida de la luz, haciendo exactamente lo que criticaba. Se cree el ladrón que todos son de su condición. ¿O de verdad Levy cree que el gobierno marca la agenda del juez del caso Kitchen? ¿Es lo que acostumbra a hacer el PP cuando gobierna y por eso piensan que es moneda común?
Me informan que una asociación de abogados del ICAM ha solicitado a la junta directiva el cese de Cospedal. Ella está colegiada en el ICAM y es la presidenta de la sección de Derecho Militar y Seguridad. Es irónico lo de la Seguridad cuando está siendo investigada por una violación de la misma.
El despacho de abogados en el que trabaja ha mantenido un prudente silencio, a la espera de acontecimientos. Porque hasta final de mes, en las vistas previstas, debemos asumir la presunción de inocencia. A pesar de las grabaciones que se conocen y que en su día la llevaron a dimitir de su cargo en el PP y abandonar la política por «haberle confiado» a su marido ciertas tareas, que aún hoy colean.