El PP alcanza la corrupción de rebaño, consagrada por el Tribunal Supremo. Imaginen el torrente verbal que se avecina a cargo de Pablo Casado, García Egea, Ayuso o Almeida para tapar asuntos y desviar la atención. Con la complicidad de los medios afines.
Y no perdamos de vista los pendientes en la Audiencia Nacional.
A El rey del cachopo le condenaron a 15 años de prisión por matar (y descuartizar) a su novia. A Oriol Junqueras le cayeron 13 años de cárcel por todo lo relacionado con el procés.
La Audiencia Provincial de Madrid condenaba a César Román, que así se llama El rey del cachopo, por homicidio con las agravantes de parentesco y género a 15 años de prisión. Es el máximo para este delito por «el reproche que merece la conducta del acusado» al matar a una joven con dos hijos menores y tener en cuenta que desmembró el cadáver, sin que aún hayan aparecido ni la cabeza ni las extremidades. Pero no le condenan por el delito de profanación de cadáver porque la desmembró con el único fin de evitar ser descubierto. La sentencia asimismo condena a César Román, además de a la pena de prisión, a 15 años de libertad vigilada cuando salga de la cárcel, así como a indemnizar a los hijos de la víctima con 142.229 euros a cada uno y a su madre con 100.000.
El Tribunal Supremo condenó al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras a la pena de 13 años de cárcel y a 13 de inhabilitación absoluta por los delitos de sedición y malversación en concurso medial de delitos, por intentar proclamar la independencia de Cataluña fuera de las vías legales.
Comprenderán a la vista de estas dos sentencias condenatorias mi desconfianza en el sistema judicial español. Y no me sirven los argumentos que son delitos distintos y se aplican legislaciones diferentes. Me da igual toda esa jerga legal. No es mi negociado ni quiero que lo sea. Debe imperar un sentido común y curiosamente los encargados de ponerlo en práctica son los mismos que permiten estas disonancias. ¿Lo de Junqueras es casi igual de grave que un asesinato? ¡Venga ya! Además, tengo suficientes experiencias personales (directas y de amigos y conocidos) para conocer las incertidumbres que rodean a cualquier juicio (y sus recursos). El caso de Teddy Bautista es el más flagrante: una tortura de una decena de años para ser finalmente declarado inocente. Otro asunto sonado fue el del expresidente del Barça, Sandro Rosell, que se chupó casi dos años encarcelado siendo inocente. ¿Qué criterios se aplicaron para Bautista y Rosell? ¿Cómo pudo equivocarse tan gravemente la Fiscalía en ambos casos? ¿Qué consecuencias legales tienen estos errores? ¿Cómo se compensa a los afectados? Hay más, mas no quiero aburrirlos ni abrumarlos con una ristra de casos. La maldición gitana de «tengas juicios y los ganes» viene al caso.
Estos días hemos asistido a dos espectáculos en los tribunales madrileños. La confirmación de la absolución del caso del falso master de la expresidenta de la CAM, Cristina Cifuentes. Ella, la principal (y única) beneficiada, sale de rositas. Añadan lo de Rocío Monasterio y su falsificación documental.
Estos dos pantallazos expresan perfectamente lo que siento al respecto de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid (y su alianza con el PP de Madrid).
Dicen que la justicia es ciega. Sobre todo para algunas…
La mala gestión del presidente de gobierno Mariano Rajoy (2011-2018), de sus ministros de Cultura José Ignacio Wert (2011-2015) e Iñigo Méndez de Vigo (2015-2018) y la del secretario de Estado José María Lassalle (de Cultura de 2011 a 2016 y para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital de 2016 a 2018) nos va a costar 57 millones de euros. Un despacho de la agencia EFE notificaba que el Tribunal Supremo daba la razón a varias sociedades de gestión de derechos intelectuales en concepto de compensación equitativa por copia privada. El famoso canon digital, que el PP en su día de forma demagógica eliminó y quiso cargarlo a los presupuestos del estado, reduciendo notablemente los importes a percibir. Una medida claramente discriminatoria porque no todos los españoles nos dedicábamos a las copias privadas y no teníamos que pagar por algo que hacían otros. El canon digital se imputaba a los fabricantes de equipos y dispositivos de grabación y reproducción como móviles, grabadoras o fotocopiadoras. Estos dieron batalla y subieron los precios con la excusa del canon. Algunas voces alertamos que cuando se suprimiese el canon no bajarían los precios. Como así sucedió.
Todo comenzó en 2011: el gobierno de Rajoy trasladó la compensación por copia privada a los Presupuestos Generales del Estado y fijó un límite para esa partida de cinco millones de euros anuales. La reforma, sin embargo, fue anulada por los tribunales en 2016. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desautorizaba el sistema español ¡por imputar el gasto a los Presupuestos Generales del Estado! Esta sentencia obligó a cambiar la ley. Y el Supremo declaró en ese mismo 2016 que la medida original del gobierno era «inaplicable». Un marrón considerable creado por ese brillante equipo cultural de incompetentes del Partido Popular.
La primera reclamación de las entidades de gestión de la propiedad intelectual fue al gobierno presidido por Rajoy. El silencio administrativo del Consejo de Ministros fue la formula elegida para desestimar el recurso. Muy rajoiano. Tras esas sentencias del 2016 tomó forma otro proceso: reclamar las cantidades adeudadas. Ahora, en abril de 2021, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha fijado las cantidades a percibir. Los 57 millones se reparten por años: 2015 (20 millones), 2016 (22,5 millones) y los siete primeros meses de 2017 (14.520.548 euros), cuando entró en vigor la nueva normativa..
El Supremo da la razón, entre otros, a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), la asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) y la de Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión de España (AISGE), que reclamaron que se declarase la responsabilidad patrimonial del Estado por la ausencia de percepción de la compensación equitativa, desde la anulación del anterior sistema hasta la aprobación del nuevo en 2017. La Sala del Supremo también fija los porcentajes de distribución entre las tres modalidades de reproducción contempladas: 25% para la reproducción de libros y publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros, del 30% para la reproducción de fonogramas, y del 45% para la reproducción de videogramas.
Cabe preguntarse si les embargarán los bienes a estos políticos mencionados, para hacer frente a este desembolso de 57 millones. Porque son ellos los responsables. Sus errores fueron clamorosos en su día, desde el primer minuto. Añadiría a la lista a los medios y periodistas que lanzaron campañas contra el canon y aplaudieron su supresión. No todo vale. Y muchos tenemos memoria y recordamos…
P.D.: otro día ya hablamos de la gestión de Rodrigo Rato, la escandalosa cifra del rescate de Bankia, su fusión y los despidos que se avecinan. ¡Qué bien gestionan estos del Partido Popular!
Ayuso ha marcado su primer gol en ese hipotético partido que planteé el día que convocó elecciones y disolvió la Asamblea de Madrid. Al descanso se llegaba con la presidenta perdiendo 2-0. Pero ahora ya tiene la remontada a tiro.
Su primer gol ha sido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se conoció ayer por la tarde: el TSJM desestima tomar las medidas, tanto la cautelar como la cautelarísima, solicitadas por la Mesa de la Asamblea. Pedían suspender la disolución de la Asamblea y anular la convocatoria electoral (para seguir con las mociones de censura presentadas por Más Madrid y PSOE).
Contra este Auto del TSJM (que pueden leer aquí, por cortesía de infoLibre), cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de cinco días.
Ante esta resolución cabe preguntarse sobre la labor de los letrados del parlamento madrileño. ¿Hicieron bien su trabajo ante el TSJM? ¿Han desestimado sus alegaciones porque no llevaban razón? ¿Dimitirán, les cesarán o no pasará nada?
Es importante resaltar que esta decisión del TSJM no entra a valorar el fondo del asunto. Queda pendiente. Y es el penalti con el que previsiblemente la presidenta Isabel Díaz Ayuso empatará el partido. Para la prórroga quedarán los resultados electorales.
Las encuestas (interesadas) la dan ganadora. Ninguna con mayoría. No tengo ni idea al respecto. Mas me resisto a creer que la ciudadanía de la Comunidad de Madrid la respalde en las urnas. Tanto a ella, tras su no-gestión (salvo los fuegos artificiales propagandísticos), como a su partido, con esa pesada mochila de corrupción a la espalda. Quizás este previsto triunfo se deba a la falta de oposición de quien debió de ejercerla y/o a la tradicional abstención de la izquierda madrileña. Esa que prefiere quedarse en casa, para llorar y criticar, en vez de salir a votar.
¿Qué pasó con lo de Avalmadrid y las habitaciones del hotel de Sarasola? Conviene no olvidar los temas, especialmente si son pecuniarios.
Avalmadrid es una sociedad de garantía recíproca (SGR) en la que la Comunidad de Madrid cuenta con un 31% de participación. Las SGR son entidades financieras sin ánimo de lucro y ámbito de actuación específico (por autonomías o sectores), cuyo objeto principal es procurar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas y mejorar sus condiciones de financiación, a través de la prestación de avales ante las entidades financieras. Estas sociedades están reguladas por el Banco de España.
El préstamo concedido a la empresa del padre de IDA fue de 400.000 €.
Hasta donde yo sé:
Cuando se descubrió el pastel Díaz Ayuso declaró que pagaría el alojamiento de su propio bolsillo. A precio de muy amigo, porque las condiciones eran más que favorables. El empresario confirmó lo afirmado por la presidenta de la CAM. Pero surge la duda: ¿ha pagado la cuenta? ¿O va a ser como lo de los rastreadores, que promete y promete y no acaba de cumplir? Lo mismo que sucede con los tests. O con la falta de personal sanitario y el cierre de centros de salud (algunos con cartelitos culpando al gobierno central). ¿O es como lo del «infectodromo» del 8-M o lo de Barajas, que es la última tendencia? Por cierto, el aeropuerto tiene 27 veces más dispensadores de gel que el Metro de Madrid. Que no los tuvo hasta esta semana y será solo en 50 estaciones y ninguna es de MetroSur!!! El aeropuerto, mientras tanto, ofrece un distribuidor de gel por cada 10.000 pasajeros, mientras que Metro lo hará por cada 270.000 usuarios. ¿No les parece que si IDA hubiese pagado la factura del hotel de Sarasola habríamos tenido noticias suyas? La clásica foto de rigor…
Las Comunidades Autónomas han fallado a los dependientes y a nuestros mayores. Porque estas competencias, como la Sanidad, están transferidas a las autonomías. Son responsables de su gestión. Con y sin estado de alarma.
Empiezan a aparecer datos que explican el exceso de mortalidad sufrido en España de marzo a mayo, los meses clave de la pandemia. También arrojan más luz sobre la gran discrepancia entre las cifras oficiales de fallecidos del gobierno y los datos del INE, el Instituto de Salud Carlos III o las de El País de la semana pasada (a grandes rasgos coinciden los tres). Precisamente el periódico hoy aporta esta espeluznante información sobre los dependientes: «Cada ocho minutos muere una persona en la lista de espera de la dependencia» y subtitulan «De marzo a mayo se registró un exceso de mortalidad de más de 25.000 personas entre quienes recibían un servicio o prestación a través de la ley«. En el texto del artículo podemos leer:
[…] De enero a junio se registraron 32.035 decesos entre quienes tenían reconocido el derecho a recibir una prestación o servicio y quienes aguardaban a ser valorados para saber si pueden optar a ello. De media, son 176 fallecimientos al día “en el laberinto burocrático de la ley, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que analiza datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales. No quiere decir que fallecieran por no haber sido atendidos, pero sí que muchos lo hicieron sin recibir una asistencia a la que tenían derecho. […]
Es interesante observar el desglose por Comunidades:
[…] La mayor tasa se registró en Madrid (196%, con 7.307 fallecidos más de lo esperado), seguida de Castilla-La Mancha (174%, con 3.060 muertes más) y Cataluña (119%, con 6.162 decesos más de los previstos). Las autonomías con menores tasas fueron Murcia (16%, con 150 muertes más), Andalucía (21%, 1.186 fallecidos más) y Asturias (26%, con 2017 decesos más). […]
Me refería en el segundo párrafo a la aparición de datos que «arrojan más luz» porque, para desgracia de quienes hemos tenido que afrontar esta situación con seres queridos, algunos intuíamos esta situación. Especialmente si resides en la Comunidad de Madrid. Pero nunca imaginamos que la situación hubiese llegado a este nivel. Algo atroz.
El asunto de las residencias de mayores también era más o menos obvio. Desde el momento que CCAA como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña o Madrid empezaron a intentar tapar el asunto, ocultando cifras de fallecidos o echándole la culpa a Pablo Iglesias. La labor de Manuel Rico de infoLibre sobre este tema ha sido notable. De entrada ha distinguido entre las privadas y las públicas. Y nos ha llevado a preguntarnos, al menos a mi: ¿qué pintan las constructoras y los fondos de inversión en las residencias de mayores? La respuesta es sencilla: ganar dinero. Para ganar dinero no escatiman esfuerzos y sí lo hacen en la atención y cuidado de su clientela.
En la CAM, que es la que me toca, fallecieron 5.795 mayores atribuidos al coronavirus entre marzo y abril. En este enlace encontraran el informe desglosado de Rico sobre la hecatombe de las residencias de Madrid y en este otro la noticia sobre la Marea de Residencias pidiendo al Supremo que evite la destrucción de las conversaciones entre el Summa 112 y los geriátricos de Madrid.
El fracaso del periodismo, salvo honrosas excepciones, ha sido notorio. No han informado. Han opinado, con la clara intención de crear un estado de opinión desfavorable al gobierno central de coalición mientras tapaban la responsabilidad de las CCAA dirigidas por el PP. Se han inventado informes y comités de expertos. La manipulación de la información ha llegado a momentos tan chuscos como dar voz y crédito a una fauna que va desde alcohólicos, cocainómanos, famosos de la telebasura, frikis diversos hasta llegar a un contable australiano. Todos encontraron protagonismo para propagar las más disparatadas teorías, todas contrarias al gobierno central. La realidad solo interesaba a estos medios si respondía a su agenda desestabilizadora.
Uno de los mantras más usados fue el de las manifestaciones feministas del 8 de marzo. Incluso cuando ya se sabía que el impacto no fue el que pretendían contarnos. Eran los mismos que pusieron el grito en el cielo cuando los organizadores del Mobile de Barcelona suspendieron su evento. Entonces, mediados de febrero, eran unos exagerados por cancelar, porque no existía ningún riesgo ni amenaza. A pesar de movilizar gente de todo el planeta, incluyendo lugares donde los contagios masivos ya eran conocidos. Pocas semanas después las manifestaciones locales de las mujeres eran «infectódromos», como definió Díaz Ayuso a la de Madrid. Ella, precisamente ella, que se contagió a pesar de no haber acudido a la de la capital. ¿Y ahora qué pasa? ¿Los rebrotes que estamos sufriendo vuelven a ser por la (inexistente) proliferación de concentraciones feministas?
Quienes criticaban a Pedro Sánchez durante la primera ola ahora piden que intervenga ante la inutilidad de varias Comunidades. Cataluña y Madrid vuelven a liderar esta penosa clasificación. Y mientras tanto, estas mismas voces que dicen una cosa y la contraria, callan sobre los dependientes y las residencias.
Tras nueve años de investigación hoy se ha conocido la principal sentencia sobre el caso de los ERE. Se produce casi un año después del juicio, en el que han estado implicados 507 imputados/investigados. 21 responsables políticos y técnicos de la Junta de Andalucía (JdA) han sido juzgados. Entre estos 21 acusados hay dos expresidentes de la Junta y que también lo fueron del PSOE. Este asunto ERE nos ha dejado la foto fija del cortijo socialista en Andalucía.
No por esperada la sentencia deja de ser demoledora. Se han aplicado las sanciones más duras (cercanas a las peticiones de la Fiscalía). De los 21 acusados solo han sido absueltos dos: el exinterventor general de la JdA Manuel Gómez y el jefe de sus servicios jurídicos, Francisco del Río.
De los nombres conocidos Magdalena Álvarez (que ademas posteriormente fue ministra), Manuel Chaves y Gaspar Zarrías han salido bien librados, dentro de lo que cabe: nueve años de inhabilitación por prevaricación. A José Antonio Griñán le han caído seis años de prisión por malversación y prevaricación (más 15 de inhabilitación). La condena se refiere a su época de consejero más que a la de presidente de la Junta. Aún recuerdo cuando en redes algunos me defendían la inocencia de Griñán y (mi olfato) les negaba la mayor. Esos abogados defensores de pacotilla quedan ahora en evidencia. Queda por ver si se lucró (no lo creo). Porque una cosa es el conocimiento (y dejar hacer) y otra muy distinta es trincar. Sobre esto último dudo que sea el caso.
La sentencia no es firme y puede ser recorrida al Tribunal Supremo.
¿Y qué pasa ahora? José Antonio Zarzalejos hoy en El Confidencial escribía que esta sentencia era uno de los dos «bazukazos» contra el pacto de Pedro Sánchez-Pablo Iglesias. No estoy de acuerdo con él. El paralelismo entre las sentencias de corrupción del PP y PSOE son evidentes. Pero no son lo mismo. Hay diferencias:
Habrá que esperar a conocer el contenido completo de la sentencia para cifrar la cuantía defraudada (sobre la que se ha especulado profusamente).
En la muy democrática República Francesa el movimiento de los chalecos amarillos inició sus primeras acciones en noviembre de 2018. A febrero de 2019 en el país vecino llevaban casi 8.500 detenidos (8.400 según el ministro de Interior francés de las cuales 1.800 han sido condenadas y unos 1.500 casos estaban en espera de juicio). A estas cifras añadan los detenidos en París del mes de abril de este año (unos 200), los 288 del 1 de mayo, los del 14 de julio (152) o los de la rentrée de septiembre (más de 150 y unas 300 multas). Como podrán imaginar solo me he fijado en fechas significativas. Hay más.
Comprueben estas cifras con las del represor Reino de España esta semana en Cataluña: no llega a las 200 personas. Quizás las identificaciones y las detenciones tarden un poco en llegar, pero de momento es lo que hay en estos cinco días desde la sentencia del Tribunal Supremo.
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El fracaso del CNI en Cataluña es palmario. Se la han colado por todas partes. La goleada se puede resumir en tres hechos puntuales: el asunto de las urnas del 1-O, el rol del imán de Ripoll en los atentados y los sucesos de esta semana más el papel desempeñado por la hasta ahora desconocida organización Tsunami Democràtic.
Lo del el imán de Ripoll lo vamos a dejar de lado. Es un asunto tétrico muy delicado y sujeto a diferentes interpretaciones (todas interesadas). El caso es que era una especie de agente o informante del propio CNI. ¿Quién espiaba a quién?
Los otros dos asuntos están relacionados. Del caso de las urnas nos hemos quedado con la humorada del barco decorado con Piolín (eran tres: los otros dos llevaban pintados a Silvestre y a El Coyote). El gobierno de Rajoy contrató los navíos para alojar a los policías desplazados a Barcelona para reforzar la seguridad y evitar el referendo. Desde Moncloa aseguraron que no habría urnas y de repente aparecieron. Lo más grande fue cuando se descubrió que estaban escondidas en un barco atracado al lado del Piolín y los otros dos. El CNI se cubrió de gloria. El gobierno y las otras fuerzas de seguridad cumplieron: no hubo junta electoral, porque dimitieron todos; tampoco hubo censo ni interventores ni miembros de las mesas electorales; la gente votó en la calle y muchos lo hicieron varias veces; la Guardia Civil incautó el material de propaganda y las papeletas. Todos cumplieron menos el CNI.
Esta semana, justo antes de la sentencia del Tribunal Supremo, hemos descubierto que el CESICAT (el CNI catalán) ayudó a los CDR a burlar a la Guardia Civil. El juez García-Castellón de la Audiencia Nacional, por su parte, señalaba que el CESICAT (dependiente de la Generalitat) dio apoyo logístico a los detenidos por terrorismo (son a quienes se les encontró materiales para fabricar explosivos) al tiempo que les «encomendó» el asalto al Parlamento catalán, el día que se hiciera pública la sentencia del Supremo sobre el procés. Posteriormente, tras el auto condenando a los del procés hemos conocido la existencia de Tsunami Democràtic (TD). Perfectamente organizados han sabido movilizar y alterar el orden público. En todo esto el CNI ha estado a verlas venir.
¿De dónde vino la financiación del TD para crear su app y su canal de mensajería? Esto no se improvisa de la noche a la mañana. Requiere una preparación. ¿No fueron capaces de infiltrarse? ¿No hay expertos informáticos en el CNI para desencriptar las comunicaciones del TD? Aún no sabemos quienes son ni quienes están detrás (aunque lo supongamos). Y los CDR han campado a sus anchas. El CNI no se enteró ni de unos ni de otros.
¿Han sabido prever la llegada a Barcelona de otros grupos antisistema europeos?
Todo esto resulta sorprendente. ¿Cómo puede ser que la ciudadanía mínimamente informada podía imaginarse lo que estaría sucediendo y el CNI no? Un último dato: TVE ha emitido un comunicado disculpándose por haber emitido imágenes antiguas en una información sobre los sucesos de esta semana. ¡Eran de 2010! No tengo más preguntas su Señoría…
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La gran suerte de los condenados del procés es que en España no hay pena de muerte. Con esto no quiero decir que no se hubieran producido los hechos juzgados de existir la pena capital. Pero sí abría el abanico de posibilidades de condena. Y la pena de muerte sería una espada de Damocles («amenaza persistente de un peligro»).
Se ha debatido sobre si los delitos eran de rebelión o sedición. La Fiscalía pedía una pena y la Abogacía otra. La sentencia del Supremo ha avalado la postura de la Abogacía. La pena de muerte hubiese supuesto una tercera vía. De mayor dureza, obvio. Y representaría un nuevo marco legal elevando las consecuencias posteriores al auto judicial y sus consecuencias (indultos, permisos, tercer grado, etc.).
En las tres principales potencias del planeta existe la pena de muerte: China, EEUU y URSS/Rusia. Según Amnistía Internacional China es el país que más ejecuciones implementa. Hay que añadir que en los últimos 10 años (con Putin) no se ha aplicado ninguna pena de muerte en Rusia (otra cosa son los asesinatos, algunos por envenenamiento, de opositores y disidentes). ¿Alguien duda que una situación golpista como la producida en Cataluña, calificada como sedición por el Supremo, no hubiese provocado la intervención militar inmediata en estas tres potencias globales? Aquí Rajoy aplicó el 155 que suspendía la Autonomía. Lo cual demuestra, una vez más, que somos un país plenamente democrático con una Constitución, la de 1978, con mecanismos que facilitan nuestra convivencia. En contra de lo que opinan los independentistas catalanes.
¿No piensan que, en los tres países mencionados, no hubiesen dudado en juzgar pidiendo la pena de muerte para los condenados por el procés, ?
P.D.: De los tres condenados por desobediencia hay que resaltar que la multa económica asciende a unos 60.000 euros por cabeza (un buen sueldo anual): 200 € diarios durante 10 meses.
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