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El farol de IDA y MAR contra el plan de ahorro energético

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IDA y MAR van de farol con su amenaza de recurrir ante el Tribunal Constitucional el plan de ahorro energético del gobierno de Pedro Sánchez, que ha entrado en vigor hoy. Van de farol porque es solo una amenaza y no una realidad. Tienen hasta principios de noviembre para presentar el recurso. Apuesto a que no lo hacen. Por dos razones básicas.

  1. Hay una normativa europea de obligado cumplimiento que avala este decreto ley gubernamental. O bien Ayuso y su equipo desconocen este reglamento europeo o lo ignoran. En mi opinión, porque son unos piernas y en principio no sabían de la normativa europea. Al enterarse adoptan lo de «sostenella y no enmendalla», al ser la bronca política su objetivo principal.
  2. Como todo decreto ley debe pasar por el Congreso para su aprobación. Habrá que ver qué vota el Partido Popular de Feijóo y la opinión en Bruselas respecto a un posible voto negativo. Voten lo que voten nos ponemos en septiembre. Y la pelota ya está en el tejado de Feijóo. Se encuentra entre dos fuegos, el de su partido en Madrid y el del gobierno, que ya no calla.

Añadan que la vicepresidenta Teresa Ribera, responsable del plan de ahorro energético, ha dado un claro aviso a las Comunidades Autónomas que se rebelen. Será el gobierno central el que acuda al Constitucional. De momento solo la Comunidad de Madrid se ha obcecado en su oposición y en anunciar el recurso al TC. Aunque ya están reculando, al no tener el respaldo de las otras CCAA gobernadas por el PP. Las bravatas de la CAM ya se reducen tan solo a la apelación en diferido al Constitucional. Como tantas broncas de Miguel Ángel Rodríguez y su marioneta IDA ésta también puede disolverse como un azucarillo. Lo dicho, un bluf de tomo y lomo.

En el trasfondo de toda esta historia está la manipulación de la Justicia y sus órganos, empezando por su falta de renovación (incumpliendo los plazos legales). El único objetivo de este injustificado retraso es mantener la preponderancia de los nombramientos del PP, no refrendada en las últimas elecciones generales. Y a eso juegan IDA y MAR, con el precedente de la injustificada sentencia del Constitucional contra el segundo estado de alarma para extender el confinamiento (seis votos contra cuatro). Vamos, que se debería haber declarado un estado de excepción!!!

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El señorito y la vicepresidenta viajan en tren

El Plural

El señorito en jefe del PP, Feijóo, y la vicepresidenta tercera del gobierno, Ribera, viajan en tren. En el mismo AVE por causalidades de la vida. Mas hay una gran diferencia: el líder de la oposición lo hace en primera y la vicepresidenta va en turista.

Ninguno de los que vociferan sobre los viajes de los demás se han hecho eco de esta exclusiva de El Plural (en el enlace pueden ampliar detalles). En esta fauna incluyo tanto a medios como a políticos de medio pelo. Más preocupante me parece que la escasa prensa afín tampoco haya dado cuenta de esta diferencia, tan sutil como significativa. Esta pasividad da paso a la resignación y posteriormente al triunfo de esta derecha tan rancia y casposa…

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Las consultoras controlarán el reparto de los fondos europeos

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Las grandes consultoras y las cuatro auditoras que conforman las Big Four serán las encargadas de controlar el reparto de los fondos europeos. Me quedé helado cuando Esteban Hernández me lo comentó ayer. No tenía ni idea. Y eso que Esteban me ha asegurado que es información publica. Efectivamente lo es, aunque no me haya enterado, porque no he estado atento ni ha aparecido en los titulares de los grandes medios. Por ejemplo, una de las Big Four, PWC (PricewaterhouseCoopers), ofrece sus servicios al respecto en su Web e incluso tiene un anuncio publicitario

Me preocupa mucho este asunto. A estas empresas las defino como «el enemigo». Y las he sufrido. Más bien, las hemos sufrido. Fue hace décadas, cuando su irrupción en el mercado discográfico supuso el inicio del declive. Lo conté en un artículo para Jot Down: “Coca, medios, tiendas de discos y Wall Street: razones del colapso de las discográficas“. 

A bote pronto surgen dos problemas. Ambos son éticos.

El primero es un problema moral. ¿Cómo podemos confiar el asesoramiento a empresas de operaciones cuestionables. Como recomendar en 2008 la compra de acciones de Lehman Brothers, sabiendo que estaban al borde del colapso, que sucedió a las pocas horas. Estamos hablando del pistoletazo de salida del crack de las finanzas y de la economía mundial. O la multa de 573 millones de dólares a la consultora líder, por la crisis de opiáceos en Estados Unidos. A la multa siguió el cese, disfrazado de dimisión, de su gerente.

El segundo problema es de conflicto de intereses. Todas estas empresas consultoras (las auditoras tienen divisiones de consultoría), van a estar en misa y repicando. Entre sus clientes figuran las grandes empresas del país, sean nacionales o extranjeras. Mientras, el gobierno las encarga informes y asesorías para el reparto de los fondos europeos. A principios de febrero La Marea publicó que una de las Big Four había recibido el encargo del Ministerio de Transición Ecológica. Recogían dos informaciones: Ribera adjudica a Deloitte el contrato para asesorar al ministerio en la captación de fondos europeos (Economía Digital) y Cepsa ficha a Deloitte para captar fondos europeos para la recuperación poscovid (El Confidencial). En La Marea incidían en este segundo punto, el de l conflicto de interese: «Es decir, la consultora contratada por el Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, para prestarle asistencia técnica sobre las ayudas del fondo europeo es la misma que asesora a algunas de las empresas que optan a los paquetes de ayudas económicas». Esta consultora es la misma que fue sancionada hace cinco años con 12 millones de euros por su falta de independencia en la auditoría de Bankia. Y no solo conocemos que ha sido contratada por CEPSA, también por El Corte Inglés para los mismos fines. 

Entiendo que estas consultoras puedan tener una función y facilitar un servicio, pero no puedo dejar de pensar que hemos metido al «enemigo en casa». ¿Van a garantizar el reparto entre PYMEs y autónomos que no sean clientes suyos?

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