Ignacio Aguado se las traga dobladas. Todas. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y portavoz del gobierno de Isabel Díaz Ayuso podría, con su pasividad, estar dañando las expectativas electorales de su partido, Ciudadanos. Y favoreciendo al PP.
La primera que se tragó, al menos de la que tuve constancia, fue cuando dio por bueno que Ayuso designase como director general de Recursos Humanos de la Consejería de Justicia al exconsejero de Avalmadrid, Pedro Irigoyen, expedientado por el Banco de España.
El pasado mes de noviembre, informaba El País (y otros medios) que Aguado «vivió cerca de cuatro años en un loft ilegal de un edificio construido en suelo industrial en Madrid en 2006, otro proyecto del estudio de Rocío Monasterio. Es el séptimo caso de irregularidades urbanísticas en las obras de la líder de Vox en Madrid, ahora diputada autonómica y portavoz de su grupo en el parlamento madrileño». El asunto también afectaba a su padre «que fue presidente de la comunidad de vecinos, compró uno de los lofts en 2007 y acabó denunciando, como el resto de los propietarios, al arquitecto del estudio de Rocío Monasterio que firmó el proyecto, aunque perdieron el juicio. Era su hermano, Antonio Monasterio, ingeniero industrial, quien visó el proyecto en el colegio de ingenieros». No he vuelto a saber nada de cómo se resolvió este embrollo tras saltar a las páginas de El País (y otros medios). Vox apoya la coalición PP-Ciudadanos en la CAM. Raro, raro, raro.
Durante esta crisis del coronavirus hemos visto varios desaires de Ayuso a Aguado. Dicen que la relación entre ambos echa chispas. No sé si será una exageración mediática (los medios son tan dados a los melodramas). Pero no cabe duda que algo no va bien. Ayer vimos, en un acto por la festividad de San Isidro, a Pablo Casado haciendo un aparte con Aguado. Como si fuese el mediador en las desavenencias entre IDA y Aguado. Fueron unos 20 minutos mascarilla a mascarilla.
La primera desavenencia importante fue el 26 de marzo, cuando Ayuso arrebató la competencia sobre las residencias de mayores al consejero de Políticas Sociales y Familia, Alberto Reyero (Cs), para colocarla en la Consejería de Sanidad. Parece que había marejadas de fondo. El Plural apuntaba que la decisión se tomó horas después «de que en un ejercicio de transparencia, el área que dirige Reyero informase que un total de 1.065 ancianos han muerto en lo que va de mes de marzo en las residencias madrileñas». Para más inri Reyero había solicitado la intervención del Ejercito en las residencias. A Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, no les gustó la iniciativa. «No se va a hacer» dijo la presidenta según El Plural. Y en contra de su criterio las Fuerzas Armadas entraron a las residencias de la Comunidad de Madrid. Se encontraban con “ancianos y mayores absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas”, según certificó la Fiscalía, que ha abierto diligencias.
La última desavenencia también está relacionada con Reyero. Tras el affaire de la suite, otra habitación más una plaza de garaje por 80€ diarios (no sabemos si por todo el paquete o por solo una de las dependencias), surgió el del contrato con Room Mate que aparece y desaparece de la Web de la CAM. Reyero destituyó al Secretario General Técnico, Miguel Ángel Jiménez, titular del departamento responsable de subir el contrato al Portal de la Contratación. Este contrato al desaparecer fue sustituido por el de otra empresa, con un importe inferior. Esta empresa protestó alegando que la cantidad que figura en el portal no se correspondía a lo acordado. Y para rematar todo este vodevil ayer conocíamos que la destitución de Jiménez, para ser efectiva, debe ser aprobada por el Consejo de Gobierno el próximo miércoles. Algunos medios apuntaban que Ayuso quería frenar el cese y exige más cabezas. A todo esto, a una funcionaría de la Consejería la han tenido que tratar por un ataque de ansiedad.
¿Aguado se las traga dobladas o no? O a lo mejor es que simplemente hace honor a su primer apellido…
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