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El PP y la Iglesia siempre en contra del progreso

Chema Moya EFE Público

La aprobación ayer de la Ley de Eutanasia en el Congreso de los Diputados, con los votos en contra del PP y Vox, más la Iglesia Católica poniendo el grito en el cielo, evidencia nuevamente que la derecha de toda la vida y la Iglesia siempre están en contra del progreso. Da igual los argumentos que usen, desde los más peregrinos hasta algunos más elaborados (pero pocos). Están en contra, por sistema. A las pruebas me remito.

En 1981 el gobierno de Adolfo Suárez (UCD) aprobó una Ley de Divorcio, considerada en su día la más avanzada de Europa. Era la segunda que hubo en España. La primera es de la II República y fue derogada al terminar la Guerra Civil (1939). Es un buen punto de partida para esta exposición. Al presidente Suárez y a Fernández Ordóñez, su ministro de Justicia y responsable de la ley, les cayó la del pulpo. Incluso desde sus propias filas: los sectores democratacristianos de UCD. En aquellos días el Partido Popular era la Alianza Popular de Fraga (conocidos popularmente como los 7 magníficos, por los siete ministros franquistas que formaron la coalición de AP). Esa ley de 1981 fue actualizada por un gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en 2005.

La siguiente medida con la que rabiaron la Iglesia y sus aliados de la derecha recalcitrante fue la ley del aborto de 1985, con sus tres supuestos. Presidia el gobierno Felipe González (PSOE). Esta Ley Orgánica de 1985 fue votada con la oposición de Alianza Popular. Como en el caso anterior el precedente data de la II República (1936) y fue derogada por el bando franquista. Años después, en 2010, el segundo gobierno de Zapatero, reformó la legislación de 1985. Se aprobó por votación de todos los grupos parlamentarios, menos el PP (el único partido que se opuso en bloque). El PP no se conformó y recurrió al Constitucional, apoyado por la Conferencia Episcopal Española, los medios afines y los grupos antiabortistas. Posteriormente con Mariano Rajoy (PP) presidiendo el gobierno, su ministro de Justicia Ruiz Gallardón quiso volver atrás. A la ley de 1985, esa misma que tanto criticaron en su día. Gallardón dimitió cuando el PP retiró su propuesta de ley del Congreso.

El matrimonio civil va a servir de pretexto para tratar otro tipo de uniones. El civil fue prohibido por el franquismo en 1939. Solo se permitió para parejas de distintas religiones a la católica y para quienes fuesen apóstatas (con lo complicado que resultaba serlo, aparte de dejarte señalado ante las autoridades). La Constitución de 1978 dio carpetazo al supuesto de la apostasía. El matrimonio civil fue regulado por ley en 1981, siendo Leopoldo Calvo-Sotelo presidente del gobierno de UCD. Su ministro de Justicia era Fernández Ordoñez. Modificaron el Código Civil para autorizarlo. Este primer paso nos lleva al siguiente: el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es legal en España desde julio del 2005, con Zapatero de presidente del gobierno. El ministro de Justicia de entonces era López Aguilar. El PP, la Iglesia y los ultras montaron la mundial. Como se podrán imaginar y algunos recordarán. El PP nuevamente recurrió al Constitucional. Siete años después el alto tribunal rechazó el recurso del PP (ocho votos a favor de la constitucionalidad de la ley por tres en contra). La ley fue aprobada en el Congreso, con los votos en contra del PP y de Unió (los de CiU), pero rechazada en el Senado, donde el PP tenía mayoría. Volvió al Congreso donde una nueva votación levantó el veto del Senado. España se convertía en el tercer país del mundo en legalizar las uniones entre personas del mismo sexo. ¿De todo esto tampoco se acuerdan en el PP? Reciente es. 

Por favor no insistan en que todos los políticos son iguales. Este lema, impulsado por la derecha, es retrogrado. Aquí han podido ver ejemplos de partidos y políticos de centro-derecha y centro-izquierda que si marcaron diferencias. Y los de siempre, los nostálgicos del franquismo, pusieron todo tipo de trabas. No todos son iguales ni son lo mismo. 

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Sobre Dolores Delgado

Estuve atento a la primera comparecencia de Pedro Sánchez, tras el primer Consejo de Ministros del gobierno de coalición. Una de las preguntas iniciales fue sobre la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Hay que insistir en lo de propuesta porque, a pesar de las reacciones de los medios de las derechas, aún no ha sido nombrada ni ha jurado el cargo. Pero ya sabemos que el periodismo lanza mensajes de futuro como si fuesen noticias del presente, para a continuación opinar sobre ellas y juzgar lo que es bueno o malo para nosotros. Dicho esto, es más que probable que, sin tener en cuenta las reacciones negativas que han surgido a la propuesta, sea nombrada. Porque además el informe del Consejo del Poder Judicial al gobierno no es vinculante.

El presidente estuvo firme en la defensa de la elección de Delgado. Mencionó su curriculum como fiscal, al que calificó como impecable, su independencia al no ser militante del PSOE –aunque estuvo en las listas electorales–, y aprovechó el envite para cargar contra el PP por su postura de bloqueo. Ante todo. Estos argumentos le permitieron pasar por alto el paso de ministra de Justicia a la Fiscalía.

No voy a entrar en lo de Montesquieu, en el decoro debido o en no dar excusas al rival para crearte problemas. Solo quiero destacar dos puntos, que describen perfectamente mi opinión sobre Dolores Delgado. Ambos se refieren a su paso por la cartera de Justicia y son aplicables para cualquier cargo ligado a las leyes y su cumplimiento:

  1. Ministra reprobada tres veces por las Cortes. Una por el Senado y dos por el Congreso. La segunda, curiosamente, gracias a las abstenciones de ERC y Bildu. Pero (entonces) nadie acusó a PP, Ciudadanos o Vox de ser socios de estas dos formaciones…
  2. Sus relaciones con Villarejo y Baltasar Garzón ya la descalificaban como ministra y ahora, obviamente, como candidata a llevar la Fiscalía.

No tengo más preguntas Señoría…

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