Las grandes consultoras y las cuatro auditoras que conforman las Big Four serán las encargadas de controlar el reparto de los fondos europeos. Me quedé helado cuando Esteban Hernández me lo comentó ayer. No tenía ni idea. Y eso que Esteban me ha asegurado que es información publica. Efectivamente lo es, aunque no me haya enterado, porque no he estado atento ni ha aparecido en los titulares de los grandes medios. Por ejemplo, una de las Big Four, PWC (PricewaterhouseCoopers), ofrece sus servicios al respecto en su Web e incluso tiene un anuncio publicitario.
Me preocupa mucho este asunto. A estas empresas las defino como «el enemigo». Y las he sufrido. Más bien, las hemos sufrido. Fue hace décadas, cuando su irrupción en el mercado discográfico supuso el inicio del declive. Lo conté en un artículo para Jot Down: “Coca, medios, tiendas de discos y Wall Street: razones del colapso de las discográficas“.
A bote pronto surgen dos problemas. Ambos son éticos.
El primero es un problema moral. ¿Cómo podemos confiar el asesoramiento a empresas de operaciones cuestionables. Como recomendar en 2008 la compra de acciones de Lehman Brothers, sabiendo que estaban al borde del colapso, que sucedió a las pocas horas. Estamos hablando del pistoletazo de salida del crack de las finanzas y de la economía mundial. O la multa de 573 millones de dólares a la consultora líder, por la crisis de opiáceos en Estados Unidos. A la multa siguió el cese, disfrazado de dimisión, de su gerente.
El segundo problema es de conflicto de intereses. Todas estas empresas consultoras (las auditoras tienen divisiones de consultoría), van a estar en misa y repicando. Entre sus clientes figuran las grandes empresas del país, sean nacionales o extranjeras. Mientras, el gobierno las encarga informes y asesorías para el reparto de los fondos europeos. A principios de febrero La Marea publicó que una de las Big Four había recibido el encargo del Ministerio de Transición Ecológica. Recogían dos informaciones: Ribera adjudica a Deloitte el contrato para asesorar al ministerio en la captación de fondos europeos (Economía Digital) y Cepsa ficha a Deloitte para captar fondos europeos para la recuperación poscovid (El Confidencial). En La Marea incidían en este segundo punto, el de l conflicto de interese: «Es decir, la consultora contratada por el Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, para prestarle asistencia técnica sobre las ayudas del fondo europeo es la misma que asesora a algunas de las empresas que optan a los paquetes de ayudas económicas». Esta consultora es la misma que fue sancionada hace cinco años con 12 millones de euros por su falta de independencia en la auditoría de Bankia. Y no solo conocemos que ha sido contratada por CEPSA, también por El Corte Inglés para los mismos fines.
Entiendo que estas consultoras puedan tener una función y facilitar un servicio, pero no puedo dejar de pensar que hemos metido al «enemigo en casa». ¿Van a garantizar el reparto entre PYMEs y autónomos que no sean clientes suyos?