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La mala gestión de Rajoy, Wert, Méndez de Vigo y Lassalle nos va a costar 57 millones

CanonDigital

La mala gestión del presidente de gobierno Mariano Rajoy (2011-2018), de sus ministros de Cultura José Ignacio Wert (2011-2015) e Iñigo Méndez de Vigo (2015-2018) y la del secretario de Estado José María Lassalle (de Cultura de 2011 a 2016 y para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital de 2016 a 2018) nos va a costar 57 millones de euros. Un despacho de la agencia EFE notificaba que el Tribunal Supremo daba la razón a varias sociedades de gestión de derechos intelectuales en concepto de compensación equitativa por copia privada. El famoso canon digital, que el PP en su día de forma demagógica eliminó y quiso cargarlo a los presupuestos del estado, reduciendo notablemente los importes a percibir. Una medida claramente discriminatoria porque no todos los españoles nos dedicábamos a las copias privadas y no teníamos que pagar por algo que hacían otros. El canon digital se imputaba a los fabricantes de equipos y dispositivos de grabación y reproducción como móviles, grabadoras o fotocopiadoras. Estos dieron batalla y subieron los precios con la excusa del canon. Algunas voces alertamos que cuando se suprimiese el canon no bajarían los precios. Como así sucedió.

Todo comenzó en 2011: el gobierno de Rajoy trasladó la compensación por copia privada a los Presupuestos Generales del Estado y fijó un límite para esa partida de cinco millones de euros anuales. La reforma, sin embargo, fue anulada por los tribunales en 2016. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desautorizaba el sistema español ¡por imputar el gasto a los Presupuestos Generales del Estado! Esta sentencia obligó a cambiar la ley. Y el Supremo declaró en ese mismo 2016 que la medida original del gobierno era “inaplicable”. Un marrón considerable creado por ese brillante equipo cultural de incompetentes del Partido Popular.

La primera reclamación de las entidades de gestión de la propiedad intelectual fue al gobierno presidido por Rajoy. El silencio administrativo del Consejo de Ministros fue la formula elegida para desestimar el recurso. Muy rajoiano. Tras esas sentencias del 2016 tomó forma otro proceso: reclamar las cantidades adeudadas. Ahora, en abril de 2021, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha fijado las cantidades a percibir. Los 57 millones se reparten por años:  2015 (20 millones), 2016 (22,5 millones) y los siete primeros meses de 2017 (14.520.548 euros), cuando entró en vigor la nueva normativa..

El Supremo da la razón, entre otros, a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), la asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) y la de Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión de España (AISGE), que reclamaron que se declarase la responsabilidad patrimonial del Estado por la ausencia de percepción de la compensación equitativa, desde la anulación del anterior sistema hasta la aprobación del nuevo en 2017. La Sala del Supremo también fija los porcentajes de distribución entre las tres modalidades de reproducción contempladas: 25% para la reproducción de libros y publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros, del 30% para la reproducción de fonogramas, y del 45% para la reproducción de videogramas.

Cabe preguntarse si les embargarán los bienes a estos políticos mencionados, para hacer frente a este desembolso de 57 millones. Porque son ellos los responsables. Sus errores fueron clamorosos en su día, desde el primer minuto. Añadiría a la lista a los medios y periodistas que lanzaron campañas contra el canon y aplaudieron su supresión. No todo vale. Y muchos tenemos memoria y recordamos…

P.D.: otro día ya hablamos de la gestión de Rodrigo Rato, la escandalosa cifra del rescate de Bankia, su fusión y los despidos que se avecinan. ¡Qué bien gestionan estos del Partido Popular!

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Lassalle en El País: ¿es este el nuevo rumbo?

Lassalle

Hoy José María Lassalle vuelve a publicar una Tribuna en El País. ¿Es este el nuevo rumbo de El País? Es al menos el sexto artículo que publica en el diario. El segundo bajo la nueva dirección de Soledad Gallego-Díaz.

Recordemos que Lassalle ha sido el peor Secretario de Estado de Cultura de este siglo, bajo la presidencia de Rajoy. En privado llegó a manifestar su desacuerdo con las políticas de su ministro Wert. Pero nunca dimitió. Un trepa en toda regla que anhelaba ser ministro. No lo consiguió.

Durante sus cinco años de mandato en Cultura se cometieron varias tropelías como la subida del IVA cultural o la supresión del canon digital que pasaba a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (decisión revocada por el Tribunal Europeo en junio de 2016, refrendada por el Supremo y durante un tiempo originó un vacío legal, que Lassalle ni supo prever ni gestionar). Los gobiernos del PP de Rajoy, sobre todo con Wert de ministro, no fueron muy proclives al ámbito cultural. Con Lassalle de secretario de estado hasta finales de 2016. Insisto, no dimitió. Se aferró al cargo como una lapa. Y en noviembre de 2016 recibió un premio: Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital (debió de ser por el gran logro con el barullo originado con el tema del canon digital).

¿Haber sido consejero asesor de FAES también computa como mérito para escribir en El País? Estimada directora ¿de verdad piensa que El País y sus lectores necesitamos de las opiniones de este sujeto?

P.D.: En octubre de 2012 ya pedí su dimisión aquí.

P.D. bis: Ana Lapuente en Facebook me ha recordado la prometida Ley de Mecenazgo que nunca llevó a cabo, pero se hinchó a hablar de ella.

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El indignante nuevo canon digital: Lassalle dimisión

El indignante nuevo canon digital es el resultado de la victoria de los fabricantes de soportes informáticos y equipos de grabación. Sin olvidar a las operadoras de telefonía y proveedoras de acceso a Internet, tan interesadas en combatir los Derechos de Autor. Han conseguido tumbar el anterior, tras orquestar una brillante campaña, en la que contaron con el apoyo de adolescentes, consumidores y medios de comunicación. Entre estos últimos también encontramos a destacados periodistas con intereses en empresas informáticas. Tanto a nivel personal como colectivo son usuarios de Derechos (como las operadoras) y deben pagar por ello (algunos medios mantienen escandalosas deudas con sociedades de gestión como SGAE).

El anterior canon digital afectaba a quien usase y adquiriese los soportes y equipos. Y los fabricantes, los principales beneficiarios de la piratería tanto física -el llamado Top Manta– como virtual -descargas ilegales-, en vez de asumirlo como un coste más (en detrimento de su beneficio) lo cargaron al precio de sus productos. Algunas tiendas y comercios llegaron incluso a separarlo en la factura/recibo para que el consumidor fuese consciente del origen del aumento del PVP. Ls estrategia funcionó. Y nos ha llevado a la actual situación: si antes lo pagaban solo unos ahora somos todos. Porque el indignante nuevo canon digital ahora forma parte de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir sale de nuestros impuestos.

Si al anterior canon le objetaban que se aplicaba esta tarifa compensatoria asumiendo que se iba a usar para realizar copias privadas de obras protegidas, ¿qué se puede decir ahora que afecta a toda la ciudadanía contribuyente? Esto ha sido consecuencia de la hábil estratagema de traspasar su coste al consumidor, aumentando artificialmente el precio final. Pero por ejemplo un servidor odia grabar. ¿Y por qué una parte de mis impuestos (por pequeña que sea) se debe dedicar a sufragar el canon?

Este nuevo gravamen sobre la copia privada universaliza su coste. Se estableció por el actual ejecutivo en enero de este año. Y ahora nos sale José María Lassalle, Secretario de Estado de Cultura, afirmando que la compensación por copia privada no tiene sentido. En mi modesta opinión lo que carece de razón alguna es su permanencia en el cargo. Se opuso a la subida del IVA en su sector. Perdió la batalla. Y ya se conocen los nefastos resultados de este aumento. También ha aceptado los recortes sin rechistar. En definitiva es el responsable de la desacertad política cultural de este gobierno. ¿Por qué no ha presentado la dimisión y se aferra al cargo? La respuesta es fácil: es un caradura. Todos los sectores culturales están en contra del ministro Wert y su lacayo Lassalle. La UFI, la asociación de productores musicales independientes, es la última organización profesional que se ha pronunciado en su contra.

Dejo para el final la parte más descarada del asunto: la supresión del anterior canon digital no se ha reflejado en el precio. Los fabricantes que lo aumentaron cuando se implantó no lo han rebajado cuando se ha suprimido. Algo que muchos suponíamos, porque conocíamos el percal. Y desde luego no he leído una linea de los Bravo, Dans, Escolar, etc. al respecto. Estos que tanto daño han hecho a los creadores españoles ¿se han manifestado al respecto? Si se han expresado no me he enterado. Es decir: no ha tenido la repercusión que sí tuvo cuando se opusieron al primer canon digital. Curiosos matrimonios de convivencia entre unos (medios, periodistas, abogados) y otros (fabricantes, operadoras, proveedores de acceso). Raro, raro, raro, …

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