Sin debates electorales en la CAM

El incidente creado por Vox en el debate de la SER ha puesto fin a los debates electorales en la Comunidad de Madrid. Lo cual le viene de perlas a Ayuso. IDA y sus asesores no tenían ninguna intención de acudir a debatir. Se vieron «obligados» a ir al de Telemadrid, forzados por la amenaza de la silla vacía. Al ser televisado a nivel nacional por TVE y La Sexta quedaría fatal ante los ojos de la audiencia televisiva nacional. Al de la SER ya no fue. Y su presencia en los dos previstos de esta semana (TVE y La Sexta) no estaba confirmada. La suspensión de ambos la permite lavarse las manos e irse de rositas. Sin manchas en su reputación. Hay que reconocer que tiene baraka.

La ausencia de debates evita hablar de lo que no quiere escuchar. Como celebrar elecciones en día laborable y no declararlo festivo. O el desmesurado sobrecoste del Zendal. O los penosos datos de la pandemia, consecuencia de su mala política.

«Madrid es la región con más positivos y hospitalizados por 100.000 habitantes y con mayor tasa de mortalidad en residencias» era el titular de un artículo de infoLibre que recoge los datos de la CAM.

El Plural destacaba que ante el aumento de casos y la proximidad de la cita electoral del 4 de mayo «Ayuso evita confinar el centro de Madrid a una semana de las elecciones autonómicas«. Las zonas de Cortes y Justicia tenían de incidencia acumulada respectivamente 676,66 y 608,21 casos por cada 100.000 habitantes.

Las mentiras de IDA sobre las residencias y la gestión del gobierno bajo el estado de alarma ya no se sostienen. Cuando ha empezado a circular de nuevo este video ha empezado a cambiar su relato.

Lo mismo sucede con el documento filtrado en el que su gobierno muestra su rechazo a la hospitalización de los ancianos contagiados en las residencias. Confundir el mando único con las competencias transferidas en Sanidad y Servicios Sociales ya no cuela. Estos temas están en el trasfondo de los ceses/dimisiones de su directora general de Salud Pública y la del Consejero de Políticas Sociales y Familia (al que previamente despojaron de sus competencias sobre las residencias para dárselas al de Sanidad). Este Consejero era de Ciudadanos.

Tampoco nos tragamos la gran mentira de los cierres de ambulatorios y centros de salud: no fue por orden del gobierno de Pedro Sánchez. Estos centros de atención primaria fueron cerrados por el Consejero de Sanidad de Ayuso y actual n.º 2 de su lista electoral.

Un tronqui tranqui

Garzón no es Sócrates

23 de abril de 2010

Si yo me hubiera dedicado a la política. ¡oh atenienses!, hubiera perecido hace mucho tiempo y no hubiese hecho ningún bien ni a vosotros ni a mí mismo.

Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.

El orgullo engendra al tirano. El orgullo, cuando inútilmente ha llegado a acumular imprudencias y excesos, remontándose sobre el más alto pináculo, se precipita en un abismo de males, del que no hay posibilidad de salir.

Yo sólo sé que no sé nada.

La paradoja de la Audiencia Nacional sobre Velasco y Garzón

4 de septiembre de 2009

Como comentábamos ayer la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional iba a estudiar el “caso Velasco”. Su Presidente, Ángel Juanes, nos ha dejado perplejos: ha explicado que tanto la decisión de Eloy Velasco de imponer la fianza a la etarra por un delito de tenencia de explosivos, como la de Baltasar Garzón de ordenar su ingreso en prisión son «resoluciones jurisdiccionales motivadas que responden a criterios legales de los jueces«. Menuda paradoja.

“O sea, que, con la ley en la mano, se puede decidir una cosa y su contraria. El juez Velasco, que dejó en libertad bajo fianza a la etarra Maite Aranalde -que, como es natural, salió de estampida- actuó de forma jurídicamente irreprochable. Y el juez Garzón, que ordenó la localización inmediata de la etarra para hacerla encarcelar, también tomó una decisión correcta. Eso nos ha dicho hoy la Audiencia Nacional. Ambas resoluciones, radicalmente contrarias, son correctas, son legales, ¿cómo es posible? Pues muy sencillo. Depende de que se haga una lectura literal de la ley o se eleve la mirada. No hace falta leerse “el espíritu de las leyes de Montesquieu” para entender que la norma, por precisa que ésta sea, ha de pasearse un rato por el cerebro y el corazón de los jueces antes de convertirse en sentencia.

Si los seres humanos no fueran necesarios para impartir justicia, si la justicia brotara automáticamente de la aplicación a machamartillo de lo escrito, nos podríamos ahorrar un montón de millones de euros. Licenciábamos a todos los jueces y encargábamos el asunto a unos cuantos ordenadores. Pero, hay algo más. La idolatría de la letra es un escondite perfecto. Ni hay que cansarse mucho ni se asumen responsabilidades. Perfectamente postmoderno.

El hospital que no atiende a quien llega agonizante a cinco metros de su puerta, porque sólo desde la puerta sería de su incumbencia, es el ejemplo perfecto de esta actitud.

La literalidad como límite. Francisco Camps es otro ejemplo. Si su comportamiento vergonzante en su relación con la trama corrupta no está prohibido literalmente en el código penal, él canta victoria y los suyos le aclaman como un héroe. Lo decía recientemente el profesor Francisco Rico.

Hemos declarado inútiles el código del decoro, de la dignidad y de la hombría de bien. Sólo la letra tiene concreción.

El juez Velasco, que dejó libre a la etarra porque la letra de la ley se lo permitía, se cargó otro valor antiguamente respetable: el sentido común.”

La transcripción de la reflexión de Iñaki Gabilondo está tomada de Radiocable

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¿Promoverá el juez Eloy Velasco una nueva huelga de jueces?

¿Promoverá el juez Eloy Velasco una nueva huelga de jueces?

3 de septiembre de 2009

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, presidida por Ángel Juanes, estudiará si procede adoptar alguna decisión tras la huida de la etarra Maite Aranalde, que tras ser extraditada por Francia la semana pasada quedó en libertad bajo (exigua) fianza por orden del juez Eloy Velasco, quien sustituía a Baltasar Garzón, dándose posteriormente a la fuga. El diario Público informaba que se determinará si procede adoptar alguna decisión o simplemente se darán por enterados. ¿Y el CGPJ no tiene nada que decir ante esta fuga anunciada? El que si se ha pronunciado –con reproches a Velasco– ha sido Garzón, quien a su regreso el lunes tuvo que emitir una orden de busca y captura. Ya en el auto de prisión, Garzón advertía que existía riesgo de fuga y señalaba que el argumento utilizado por Velasco para imponerle la fianza -que iba a ser previsiblemente absuelta en la causa por la que Francia concedió su entrega, ya que un etarra acusado de los mismos hechos había sido exculpado- «no puede determinar la certeza o presunción de que la procesada vaya a correr la misma suerte«.

También la Fiscalía tomó medidas el viernes pasado, pero su escrito estuvo dando vueltas por el juzgado, durante 72 horas, sin que Velasco ni ningún otro juez se diesen por enterados.

Este esperpento judicial desafortunadamente no es un hecho aislado. Ya conocemos las consecuencias de la desorganización de los propios jueces en el caso de Mari Luz, por ejemplo, con una orden de detención que no se lleva a firmar o se firma con más de un año de retraso, y el culpable en la calle. ¿Cómo se castigó este grave caso de dejación de funciones entre los jueces? Con apenas una multa de 1.500 euros. Para un juez, Rafael Tirado, que era reincidente (ya había sido sancionado por negligencia) y al que se le retiró el carnet de conducir por conducir borracho y atropellar a un motorista. Les dejo la Cronología del escándalo judicial del asunto en cuestión.

Saco a relucir lo del juez Tirado porque su caso estuvo en el corazón de la primera huelga de jueces que ha sufrido este país –otra bofetada al Estado de Derecho- y no podemos olvidar aquel email que mandó a sus compañeros, desvelado por Antena 3, cuyo texto decía:

«¡A la huelga! Todos, sin miedo, sin odio, sin rencor, vamos a decirle al ciudadano la verdad. Sigo insistiendo, no estamos solos y ahora les toca a ellos. Mis hijos han dicho: ¡Papá, adelante!, y su padre no va a dar ni un paso atrás».

¿Si Velasco es sancionado –como sería deseable- seguirá el camino de Tirado? ¿Promoverá el juez Eloy Velasco una nueva huelga de jueces? ¿De haber sanción será tan ridícula como la de Tirado?

No es preciso remontarse muy atrás en el tiempo para hallar más affaires de disfunciones judiciales (o de jueces encarcelados, apartados de la carrera, autores de sentencias machistas o de “vía libre” para poderosos delincuentes). Hace bien poco en el Supremo de Valencia hemos asistido al espectáculo ofrecido por su Presidente: ni se inhibió ni nadie impidió que formase parte del Tribunal que tenía que dictaminar sobre Camps, quien es algo más que un amigo (según declaraciones de los propios interesados).

¿Y la desprotección que sufren los testigos? Abandonados a su suerte es la mejor definición para su situación.

¿Y qué decir del Constitucional? Sólo cabe preguntarse, a lo Perales: ¿a qué dedican su tiempo? Porque desde luego para lo del Estatut de Catalunya se están tomando su tiempo. ¿Tanta es su carga de trabajo para decidir sobre la constitucionalidad de no más de media docena de artículos? Y mientras tanto llega el varapalo del Comité de Derechos Humanos de la ONU. En un gran reportaje de Joseba Elola en El País nos cuenta como nuestro TC avalaba prácticas racistas de la Policía. La ONU le daba la razón a Rosalind Williams (una española nacida en Nueva Orleans) con un dictamen que le saca los colores al Tribunal Constitucional. El mensaje que llega desde Ginebra para el Estado español es bien claro: la policía no puede tratar de modo distinto a alguien por el color de su piel; la raza no debe ser usada como indicio de posible situación ilegal en los controles de identidad. Se trata de un dictamen no vinculante, sí, pero el Estado español deberá dar una respuesta en su condición de firmante del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Estos jueces se permiten el lujo de ir a la huelga, en tiempos de crisis económica y paro galopante. En una empresa no pasarían de los tres meses de prueba. ¿Y nosotros, los ciudadanos de a pie, qué podemos hacer? Sugiere Andrés Villena: “Y de ahí a la calle. A armarla. Ahora sí que no tenemos nada que perder.”