Puestos a querer saber es preciso conocer quiénes son los empresarios que susurran al oído de Isabel Díaz Ayuso. Esos, que junto a Miguel Ángel Rodríguez, influyeron en su cambio de opinión sobre la solicitud de cambiar de fase en la desescalada, a sabiendas que Madrid no estaba preparada.
No discuto la legalidad de conocer a los expertos que asesoran al gobierno de Pedro Sánchez. Sí discuto la intencionalidad política de esta nueva campaña. ¿De verdad Abascal y Casado están cualificados para opinar sobre temas especializados que desconocen? El frente mediático ya está en marcha. Y también sospecho que el fin último es judicializar a esos expertos y asesores, con nombres y apellidos. Independientemente que uno, sea periodista, politico o cuñao, esté cualificado o no para opinar sobre la idoneidad de profesionales, hay un hecho incuestionable: lo que realmente levanta sospechas son los equipos del PP madrileño.
El rosario judicial de gobernantes del PP y empresarios cercanos al partido es imbatible.
Empecemos por los políticos: tres presidentes de la Comunidad de Madrid imputados (Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Ignacio González), con uno encarcelado (González) y dos destituidos por sus problemas judiciales; dos vicepresidentes de Aguirre encarcelados (el siempre presente González y Francisco Granados); tres secretarios generales del PP de Madrid imputados (Ricardo Romero de Tejada, Granados, González); tres grandes casos de corrupción (Gürtel, Púnica y Lezo) más otros de menor calado, que afectan a consejeros (dos de Sanidad, por cierto), alcaldes y concejales. O el caso Fundescam. Lo de los tesoreros y las tarjetas black de Bankia lo dejamos para otro día…
La lista de empresarios imputados o investigados, condenados y encarcelados es extensa, dadas las tramas vinculadas a los casos Gürtel, Púnica y los 52 investigados de Lezo. Y habría que añadir a los 11 avalistas de la fianza de Ignacio González. La relación incluye a pesos pesados como Villar Mir, también a su yerno López Madrid, al restaurador Arturo Fernández (llegó a ser presidente de la Cámara de Comercio madrileña de la que tuvo que dimitir y también de la patronal CEIM), Gerardo Díaz Ferrán (jefe de la CEOE), Francisco Correa, Luis Pineda (Ausbanc), Miguel Bernad (Manos Limpias), los 12 donantes a la caja B del PP (se repiten algunos nombres), los beneficiados por las privatizaciones de la funeraria o la Sanidad, etc.
Visto lo visto, es tan legitimo como imprescindible conocer la lista de los empresarios, según declaró la presidenta, que aconsejaron a Ayuso para modificar su opinion sobre el cambio de fase. Antepusieron sus propios intereses económicos sobre la salud pública de la ciudadanía. ¡Queremos saber quiénes son!
Si sabemos quienes son los politicos del inoperante gobierno de Ayuso. Desde el 19 de agosto de 2019 que tomó posesión de la Presidencia no ha aprobado una sola ley. ¡Son ya casi nueve meses! Y aun se atreve a calificar de «desastre» a los demás y a dar lecciones. Mientras, su patrocinador Casado el errado la pone de ejemplo de gestión y pretende llevar su modelo a escala nacional cuando gobierne.
El inefectivo gobierno presidido por Ayuso no hizo caso a Yolanda Fuentes, su Directora General de Salud Pública (la crisis se saldó con su dimisión). El demoledor informe de Fuentes desaconsejaba pasar de fase. Tampoco escuchó a su Consejero de Sanidad. Hizo caso, además de a MAR, a esos empresarios que desconocemos, a su vicepresidente Aguado (Ciudadanos) y a ¡Javier Fernández-Lasquetty y Blanc!, actual Consejero de Hacienda y Función Pública de la CAM. ¿Lasquetty? ¿De verdad? ¿Qué sabe? Es abogado, no economista. ¿Quién le escribió el extenso informe económico que justificaba pasar a Fase 1? ¡Queremos saber! Fijo que fue una de esas consultoras, impulsoras del capitalismo de amiguetes, algo tan afín al PP. Pero vamos, Lasquetty tampoco es médico y Aguirre lo nombró Consejero de Sanidad. Uno de los nefastos nombres que han transitado por la política sanitaria de la Comunidad de Madrid. Anunció la transformación del Hospital de La Princesa en un hospital de alta especialización para la patología de las personas mayores y la pérdida de el resto de servicios (y también la del Hospital Carlos III en un hospital de estancia media). Las protestas por parte de trabajadores, pacientes y de Ana Botella, ante esta decisión llevaron a un acuerdo posterior para que La Princesa siguiese siendo general, y con urgencias, que además incorporaría 29 programas para mayores (asimismo se paró lo del Carlos III). Tuvo que dimitir cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció la paralización definitiva de la privatización de la sanidad que impulsaba desde su Consejería. Dos episodios definen su personalidad:
- En marzo de 2013, en el transcurso de una visita al hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, acusó a un miembro de la Marea Blanca de realizar un atentado contra él. Esa persona fue detenida. Los vídeos de las grabaciones de lo sucedido demostraron que se trataba de una denuncia falsa, que la acusación de atentado era completamente inventada y la acusación contra dicha persona fue sobreseída. Amnistía Internacional lo puso de ejemplo de la invención de cargos para criminalizar la protesta social. Lasquetty intentaba seguir el ejemplo de Lamela (acusó falsamente al Dr. Montes).
- La Plataforma Salvemos Telemadrid denunció a finales del mes de julio de 2013 que una visita oficial del Servicio Público de Salud Británico (National Health Service, NHS) realizada el 19 de junio de 2013 no fue tal, sino de la empresa PriceWaterHouseCoopers (PWC), una de las Big Four de la auditoria y consultoría (los enemigos). La noticia fue recogida por la televisión pública Telemadrid. La Plataforma mostró correos de la NHS y de PWC que desmentían al Consejero. En el pleno de la Asamblea de Madrid, Lasquetty se reía al debatir sobre este asunto con el diputado del PSOE José Manuel Freire.
¡Este es Lasquetty! ¿Tenemos que creernos sus informes y opiniones? Forma parte de la lamentable tradición del PP de Madrid en cuestiones de Sanidad. Dos consejeros, Lamela y Güemes (a quien Lasquetty sustituyó) han sido imputados. E igual que Lasquetty ha sido recuperado por Ayuso también lo ha sido Antonio Burgueño. El exDirector General de Hospitales bajo Lasquetty impulsó en 2013 un plan de ahorro para la sanidad madrileña, anunciado junto a los presupuestos regionales y que incluía la privatización de la gestión de seis hospitales inaugurados en 2008 y la externalización de la gestión de 27 centros de salud. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid provocó también su cese (como el de su jefe). Ahora es asesor externo responsable de la coordinación de la crisis del coronavirus. Su nombramiento suscitó el rechazo de los profesionales del sector sanitario. Pero hay más: cuando Ayuso destituyó al responsable de las residencias de mayores (Ciudadanos) nombró a la hija de Burgueño para sustituirle. No tiene ninguna experiencia previa en el sector.
Y ahora, tenemos lo de las mascarillas que se empezarán a repartir mañana y que despiertan bastantes dudas entre los médicos especialistas.
Nueve meses de gobierno sin aprobar una ley, pero montando el pollo y metiendo la pata, es el resumen de la gestión de Ayuso. La que Casado quiere importar a nivel nacional. ¡Los inútiles al poder! Y esta gente es la que se le llena la boca con lo de la meritocracia…
El Mundano 