El Constitucional no me representa

El Tribunal Constitucional no me representa. Lo de ayer, a propuesta del PP, fue la guinda: amordazan al Senado, elegido democráticamente en las urnas. No como los magistrados que conforman su pleno, aunque algunas/os sean nombradas/os por los partidos votados en las elecciones generales. Y aquí surge el gran conflicto: la actual composición no responde a la realidad de las últimas elecciones y varios miembros han caducado su mandato. Están obsoletos. Son okupas.

Decía lo de la guinda porque el pastel de mi descrédito fue cuando el Constitucional aceptó los tres recursos de Vox y dictaminó dando la razón a la formación de extrema derecha. En julio del año pasado en una reñida votación (seis a favor por cinco en contra) anularon las medidas del primer estado de alarma. El texto de la sentencia aprobada fue elaborado por Pedro González-Trevijano, hoy presidente provisional del Constitucional y cuyo mandato caducó hace cuatro meses. Asumo que conocen su polémica trayectoria al frente de la universidad pública Rey Juan Carlos y los «títulos» de Pablo Casado y Cristina Cifuentes. El caso es que el estado de alarma fue considerado inconstitucional y lo que había que haber hecho era declarar ¡el estado de excepción! ¡Toma castaña! Desde luego no podían haber recurrido a una medida más franquista… Por mi parte, agradezco al gobierno no haber declarado el estado de excepción.

La segunda sentencia, de principios de octubre, tuvo de ponente a Antonio Narváez, el otro okupa actual del Constitucional, quien según informaba Brunet en El País «cambiara in extremis el sentido de su voto en el pleno de septiembre, anunciando que iba a confeccionar un nuevo borrador de sentencia en el que propondría acoger las pretensiones de Vox». El Constitucional tumbó por seis votos contra cuatro el cerrojazo a la actividad en Congreso y Senado por la pandemia. Es enternecedor que defensores acérrimos de la dictadura franquista (Vox) se preocupen por las libertades democráticas. La realidad es que el parlamento no llegó a estar completamente cerrado en ningún momento de la pandemia, pero las Mesas del Congreso y el Senado decidieron a primeros de marzo de 2020, en pleno estallido de contagios por Covid-19, suspender las sesiones de control y congelar los plazos de enmiendas y otros procedimientos durante casi un mes. 

La tercera también fue en octubre de 2021, a finales de mes. El alto tribunal declaró inconstitucional el decreto del segundo estado de alarma (vigente entre el 9 de noviembre de 2020 y el 9 de mayo de 2021). La sentencia fue aprobada por seis votos frente a cuatro. El ponente nuevamente fue Narváez.

Con estos precedentes y el titular de El Plural (la imagen del encabezado) queda claro a qué responden sus intereses y su afán por prolongar actualmente sus sillones. Estos okupas son sospechosos habituales. Solo queda por decir que me cisco en el Constitucional.

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El farol de IDA y MAR contra el plan de ahorro energético

IDA y MAR van de farol con su amenaza de recurrir ante el Tribunal Constitucional el plan de ahorro energético del gobierno de Pedro Sánchez, que ha entrado en vigor hoy. Van de farol porque es solo una amenaza y no una realidad. Tienen hasta principios de noviembre para presentar el recurso. Apuesto a que no lo hacen. Por dos razones básicas.

1. Hay una normativa europea de obligado cumplimiento que avala este decreto ley gubernamental. O bien Ayuso y su equipo desconocen este reglamento europeo o lo ignoran. En mi opinión, porque son unos piernas y en principio no sabían de la normativa europea. Al enterarse adoptan lo de «sostenella y no enmendalla», al ser la bronca política su objetivo principal.
2. Como todo decreto ley debe pasar por el Congreso para su aprobación. Habrá que ver qué vota el Partido Popular de Feijóo y la opinión en Bruselas respecto a un posible voto negativo. Voten lo que voten nos ponemos en septiembre. Y la pelota ya está en el tejado de Feijóo. Se encuentra entre dos fuegos, el de su partido en Madrid y el del gobierno, que ya no calla.

Añadan que la vicepresidenta Teresa Ribera, responsable del plan de ahorro energético, ha dado un claro aviso a las Comunidades Autónomas que se rebelen. Será el gobierno central el que acuda al Constitucional. De momento solo la Comunidad de Madrid se ha obcecado en su oposición y en anunciar el recurso al TC. Aunque ya están reculando, al no tener el respaldo de las otras CCAA gobernadas por el PP. Las bravatas de la CAM ya se reducen tan solo a la apelación en diferido al Constitucional. Como tantas broncas de Miguel Ángel Rodríguez y su marioneta IDA ésta también puede disolverse como un azucarillo. Lo dicho, un bluf de tomo y lomo.

En el trasfondo de toda esta historia está la manipulación de la Justicia y sus órganos, empezando por su falta de renovación (incumpliendo los plazos legales). El único objetivo de este injustificado retraso es mantener la preponderancia de los nombramientos del PP, no refrendada en las últimas elecciones generales. Y a eso juegan IDA y MAR, con el precedente de la injustificada sentencia del Constitucional contra el segundo estado de alarma para extender el confinamiento (seis votos contra cuatro). Vamos, que se debería haber declarado un estado de excepción!!!

El PP alcanza la corrupción de rebaño

El PP alcanza la corrupción de rebaño, consagrada por el Tribunal Supremo. Imaginen el torrente verbal que se avecina a cargo de Pablo Casado, García Egea, Ayuso o Almeida para tapar asuntos y desviar la atención. Con la complicidad de los medios afines.

Y no perdamos de vista los pendientes en la Audiencia Nacional.

Las siete diferencias

Este tuit de «Las siete diferencias» de Fernando Navarro (periodista de El País) es el resumen perfecto de la situación creada alrededor de un cartel, anunciando una actuación de Zahara en Toledo. No voy a entrar en la poca calidad del póster, tan solo mencionaré que el meapilismo sigue presente entre nosotros. De hecho nunca nos abandonó. Es más, durante la dictadura franquista voló (el llamado nacionalcatolicismo). Y los favores que recibió lo enquistaron en los resortes del poder. Donde permanece. ¿Recuerdan aquello del «atado y bien atado», frase del dictador en su alocución navideña de 1969? Nuestra deficiente Justicia es la mejor prueba. 

En el hilo de respuestas al tuit de Navarro hay una de Celia Galeano que refleja a la perfección la doble moral de los meapilas.

P.D.: no está de más recordar que el líder de la derecha extrema no lleva crucifijo al cuello y salvo un servidor nadie se ha escandalizado por ello.

¿Para qué sirve el Estado de alarma?

A la vista de lo que nos han avanzado de la sentencia de Tribunal Constitucional cabe hacer una pregunta: ¿Para qué sirve el Estado de alarma? Porque parece que la fórmula jurídica adecuada recomendada por el TC es la del Estado de excepción. Y ojo, se afirma en una decisión muy discutida: 6 a 5. ¡Ni entre ellos se ponen de acuerdo!

Ahora bien, los cuñaos-al menos los de este lado del tablero político- recordamos como se criticó la demora del gobierno en tomar medidas como la del Estado de alarma. Recordemos: la OMS declaró la pandemia el 11 de marzo y el confinamiento, consecuencia directa del primer Estado de alarma decretado, se aplicó en España a partir del 15 de marzo. Tampoco tardamos tanto en España, como escribí en su día (24 de marzo de 2020). Les reproduzco la tabla que confeccioné de los datos que leí de un informe elaborado por The Guardian.

Volvamos al meollo del asunto: el primer Estado de alarma que cubría legalmente el imprescindible confinamiento fue una decisión que es más rápida que el Estado de excepción, la opción elegida por el Constitucional por 6 votos a favor con 5 en contra. ¿De haberse aplicado en ¡marzo del año pasado lo que dice el TC en julio del 2021! cuánto habría tardado en aprobarse un Estado de excepción en el Congreso? ¿Días, semanas, un mes? Lo del mes es una exageración, pero ya me entienden. Es decir, en vez de arrancar el confinamiento el 15 de marzo con 288 fallecidos y 7.753 infectados un Estado de excepción no hubiese arrancado hasta al menos una semana después, con las cifras disparadas (como ya sabemos). Y eso sí que hubiese sido aplicar medidas tarde, muy tarde. ¿El Tribunal Constitucional no toma esto en consideración? ¿La torre de marfil en la que viven les impide tomar tierra? Y no solo me refiero a esta decisión. Empieza por haber aceptado a trámite el recurso presentado por Vox al respecto. Partido cuya coherencia también se ha comprobado en esta situación: pidieron el estado de alarma y posteriormente recurrieron contra el mismo. ¡De bingo!

Las prórrogas del primer Estado de alarma fueron votadas en sede parlamentaria. ¿El TC también enmienda la plana a estas votaciones de unos representantes elegidos democráticamente?

Quizás a la pregunta del titular (¿Para qué sirve el Estado de alarma?) un cuñao debería preguntarse: ¿Para qué y a quién sirve el Tribunal Constitucional? Nuestra justicia cada vez está más en entredicho, al menos para este cuñao, su servidor. Y este tipo de decisiones con contribuyen a despejar las dudas.

Termino con otra pregunta: ¿Qué futuro legal tendrán los gobiernos españoles ante nuevas pandemias?

15 años para El rey del cachopo y 13 para Oriol Junqueras

A El rey del cachopo le condenaron a 15 años de prisión por matar (y descuartizar) a su novia. A Oriol Junqueras le cayeron 13 años de cárcel por todo lo relacionado con el procés. 

La Audiencia Provincial de Madrid condenaba a César Román, que así se llama El rey del cachopo, por homicidio con las agravantes de parentesco y género a 15 años de prisión. Es el máximo para este delito por «el reproche que merece la conducta del acusado» al matar a una joven con dos hijos menores y tener en cuenta que desmembró el cadáver, sin que aún hayan aparecido ni la cabeza ni las extremidades. Pero no le condenan por el delito de profanación de cadáver porque la desmembró con el único fin de evitar ser descubierto. La sentencia asimismo condena a César Román, además de a la pena de prisión, a 15 años de libertad vigilada cuando salga de la cárcel, así como a indemnizar a los hijos de la víctima con 142.229 euros a cada uno y a su madre con 100.000. 

El Tribunal Supremo condenó al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras a la pena de 13 años de cárcel y a 13 de inhabilitación absoluta por los delitos de sedición y malversación en concurso medial de delitos, por intentar proclamar la independencia de Cataluña fuera de las vías legales.

Comprenderán a la vista de estas dos sentencias condenatorias mi desconfianza en el sistema judicial español. Y no me sirven los argumentos que son delitos distintos y se aplican legislaciones diferentes. Me da igual toda esa jerga legal. No es mi negociado ni quiero que lo sea. Debe imperar un sentido común y curiosamente los encargados de ponerlo en práctica son los mismos que permiten estas disonancias. ¿Lo de Junqueras es casi igual de grave que un asesinato? ¡Venga ya! Además, tengo suficientes experiencias personales (directas y de amigos y conocidos) para conocer las incertidumbres que rodean a cualquier juicio (y sus recursos). El caso de Teddy Bautista es el más flagrante: una tortura de una decena de años para ser finalmente declarado inocente. Otro asunto sonado fue el del expresidente del Barça, Sandro Rosell, que se chupó casi dos años encarcelado siendo inocente. ¿Qué criterios se aplicaron para Bautista y Rosell? ¿Cómo pudo equivocarse tan gravemente la Fiscalía en ambos casos? ¿Qué consecuencias legales tienen estos errores? ¿Cómo se compensa a los afectados? Hay más, mas no quiero aburrirlos ni abrumarlos con una ristra de casos. La maldición gitana de «tengas juicios y los ganes» viene al caso. 

Estos días hemos asistido a dos espectáculos en los tribunales madrileños. La confirmación de la absolución del caso del falso master de la expresidenta de la CAM, Cristina Cifuentes. Ella, la principal (y única) beneficiada, sale de rositas. Añadan lo de Rocío Monasterio y su falsificación documental.

Estos dos pantallazos expresan perfectamente lo que siento al respecto de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid (y su alianza con el PP de Madrid).

Dicen que la justicia es ciega. Sobre todo para algunas…

 

La mala gestión de Rajoy, Wert, Méndez de Vigo y Lassalle nos va a costar 57 millones

La mala gestión del presidente de gobierno Mariano Rajoy (2011-2018), de sus ministros de Cultura José Ignacio Wert (2011-2015) e Iñigo Méndez de Vigo (2015-2018) y la del secretario de Estado José María Lassalle (de Cultura de 2011 a 2016 y para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital de 2016 a 2018) nos va a costar 57 millones de euros. Un despacho de la agencia EFE notificaba que el Tribunal Supremo daba la razón a varias sociedades de gestión de derechos intelectuales en concepto de compensación equitativa por copia privada. El famoso canon digital, que el PP en su día de forma demagógica eliminó y quiso cargarlo a los presupuestos del estado, reduciendo notablemente los importes a percibir. Una medida claramente discriminatoria porque no todos los españoles nos dedicábamos a las copias privadas y no teníamos que pagar por algo que hacían otros. El canon digital se imputaba a los fabricantes de equipos y dispositivos de grabación y reproducción como móviles, grabadoras o fotocopiadoras. Estos dieron batalla y subieron los precios con la excusa del canon. Algunas voces alertamos que cuando se suprimiese el canon no bajarían los precios. Como así sucedió.

Todo comenzó en 2011: el gobierno de Rajoy trasladó la compensación por copia privada a los Presupuestos Generales del Estado y fijó un límite para esa partida de cinco millones de euros anuales. La reforma, sin embargo, fue anulada por los tribunales en 2016. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desautorizaba el sistema español ¡por imputar el gasto a los Presupuestos Generales del Estado! Esta sentencia obligó a cambiar la ley. Y el Supremo declaró en ese mismo 2016 que la medida original del gobierno era «inaplicable». Un marrón considerable creado por ese brillante equipo cultural de incompetentes del Partido Popular.

La primera reclamación de las entidades de gestión de la propiedad intelectual fue al gobierno presidido por Rajoy. El silencio administrativo del Consejo de Ministros fue la formula elegida para desestimar el recurso. Muy rajoiano. Tras esas sentencias del 2016 tomó forma otro proceso: reclamar las cantidades adeudadas. Ahora, en abril de 2021, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha fijado las cantidades a percibir. Los 57 millones se reparten por años:  2015 (20 millones), 2016 (22,5 millones) y los siete primeros meses de 2017 (14.520.548 euros), cuando entró en vigor la nueva normativa..

El Supremo da la razón, entre otros, a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), la asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) y la de Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión de España (AISGE), que reclamaron que se declarase la responsabilidad patrimonial del Estado por la ausencia de percepción de la compensación equitativa, desde la anulación del anterior sistema hasta la aprobación del nuevo en 2017. La Sala del Supremo también fija los porcentajes de distribución entre las tres modalidades de reproducción contempladas: 25% para la reproducción de libros y publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros, del 30% para la reproducción de fonogramas, y del 45% para la reproducción de videogramas.

Cabe preguntarse si les embargarán los bienes a estos políticos mencionados, para hacer frente a este desembolso de 57 millones. Porque son ellos los responsables. Sus errores fueron clamorosos en su día, desde el primer minuto. Añadiría a la lista a los medios y periodistas que lanzaron campañas contra el canon y aplaudieron su supresión. No todo vale. Y muchos tenemos memoria y recordamos…

P.D.: otro día ya hablamos de la gestión de Rodrigo Rato, la escandalosa cifra del rescate de Bankia, su fusión y los despidos que se avecinan. ¡Qué bien gestionan estos del Partido Popular!

Sandro Rossell absuelto tras 21 meses encarcelado

El expresidente del Barça Sandro Rossell fue absuelto por falta de pruebas (imperó la presunción de inocencia). Pero no podemos olvidar que pasó 21 meses (643 días) en prisión preventiva. Algo no funciona, al menos en mi lógica y teniendo en cuenta que no sé de leyes. Hace unos meses, a finales de febrero, le dejaron en libertad sin fianza pero con medidas cautelares (retirada del pasaporte, obligación de personarse en el juzgado «para fichar»). Es muy difícil de entender que alguien sea encarcelado para que pasados casi dos años acabe siendo absuelto.

¿Cómo recupera Rossell el tiempo perdido? ¿Será capaz de rehacer su vida, tanto la pública, la profesional como la privada? ¿Quién le indemniza? ¿Tiene derecho a indemnización? Un interesante artículo de El País respecto a esto último señala dos vías distintas: si la absolución «implica la inexistencia del hecho imputado» o si «se produce como consecuencia de la falta de pruebas para condenarle». Esta segunda opción es la aplicable en el caso de Rossell. Ana Vela Mouriz y Patricia Esteban, autoras del artículo, nos cuentan que  «el criterio legal es muy restrictivo, rechazándose las reclamaciones en las que se absolvió al acusado por falta de pruebas».

Se te caen los palos del sombrajo cuando lees que a Dolores Vázquez le fue denegada la indemnización por un defecto de forma. Vázquez, condenada por el asesinato de Rocio Wanninkhof, fue liberada tras año y medio de cárcel tras capturar al verdadero asesino. El Tribunal Supremo «confirmó en julio de 2015 la denegación de su solicitud por no haber utilizado la vía adecuada (la prevista para el error judicial).».

Visto lo visto, igual a Rossell le pasan una factura por los gastos de manutención (alojamiento y comida) por el tiempo que ha permanecido preso.

P.D.: la absolución además de a Rossell afecta su esposa Marta Pineda, a su socio el abogado andorrano Joan Besolí, al cuñado de este Antonio Ramos, a su amigo José Colomer y a su presunto testaferro Sahe Ohanessian.