Archivo diario: abril 23, 2021

Daños colaterales de la política de Ayuso: Madrid no será sede de la Eurocopa

La Cartuja EFE Marca

Entre los daños colaterales de la política de Ayuso encontramos que Madrid no será sede dela Eurocopa del 11 de junio al 11 de julio. Esta competición estrena un nuevo formato con varias sedes. La primera elección en España fue la del estadio San Mamés (Bilbao). La situación de la pandemia ha desaconsejado seguir adelante con la sede de Bilbao. La plaza correspondía a España y se desestimó Madrid por la catastrófica situación sanitaria de la capital.

Madrid tenía una baza importante a su favor: el Wanda Metropolitano, el flamante estadio del Atlético de Madrid, probablemente el mejor de Europa en estos momentos. Al menos, el más moderno por ser nuevo.

La sede española acogerá los partidos de España de la primera fase de grupos y un partido de octavos de final. La UEFA nuestra de cada día, a propuesta de la Federación Española de Fútbol, ha elegido el sevillano estadio de La Cartuja (el de la foto) como reemplazo a San Mamés.

Presidenta en funciones recuerde que tanto la Comunidad de Madrid como la Junta de Andalucía la gobiernan su partido en coalición con Ciudadanos y con el apoyo de Vox. Usted hizo saltar su gobierno, convocando caprichosamente unas elecciones en plena pandemia. Estos malos datos actuales eran previsibles (en las UCI, incidencias acumuladas, etc.). Su política sanitaria señora Díaz Ayuso es la peor de cualquier comunidad gobernada por el Partido Popular. No solo lo pienso yo, también lo hacen los gestores deportivos que han primado Sevilla sobre Madrid. Es usted una ruina. ¿Se ha parado a pensar en los beneficios económicos que Madrid ha perdido por no ser sede?

P.D.: las autoridades políticas vascas no descartan tomar medidas legales contra la UEFA y pedir indemnizaciones por las inversiones efectuadas (1,5 millones de euros)..

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La mala gestión de Rajoy, Wert, Méndez de Vigo y Lassalle nos va a costar 57 millones

CanonDigital

La mala gestión del presidente de gobierno Mariano Rajoy (2011-2018), de sus ministros de Cultura José Ignacio Wert (2011-2015) e Iñigo Méndez de Vigo (2015-2018) y la del secretario de Estado José María Lassalle (de Cultura de 2011 a 2016 y para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital de 2016 a 2018) nos va a costar 57 millones de euros. Un despacho de la agencia EFE notificaba que el Tribunal Supremo daba la razón a varias sociedades de gestión de derechos intelectuales en concepto de compensación equitativa por copia privada. El famoso canon digital, que el PP en su día de forma demagógica eliminó y quiso cargarlo a los presupuestos del estado, reduciendo notablemente los importes a percibir. Una medida claramente discriminatoria porque no todos los españoles nos dedicábamos a las copias privadas y no teníamos que pagar por algo que hacían otros. El canon digital se imputaba a los fabricantes de equipos y dispositivos de grabación y reproducción como móviles, grabadoras o fotocopiadoras. Estos dieron batalla y subieron los precios con la excusa del canon. Algunas voces alertamos que cuando se suprimiese el canon no bajarían los precios. Como así sucedió.

Todo comenzó en 2011: el gobierno de Rajoy trasladó la compensación por copia privada a los Presupuestos Generales del Estado y fijó un límite para esa partida de cinco millones de euros anuales. La reforma, sin embargo, fue anulada por los tribunales en 2016. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desautorizaba el sistema español ¡por imputar el gasto a los Presupuestos Generales del Estado! Esta sentencia obligó a cambiar la ley. Y el Supremo declaró en ese mismo 2016 que la medida original del gobierno era «inaplicable». Un marrón considerable creado por ese brillante equipo cultural de incompetentes del Partido Popular.

La primera reclamación de las entidades de gestión de la propiedad intelectual fue al gobierno presidido por Rajoy. El silencio administrativo del Consejo de Ministros fue la formula elegida para desestimar el recurso. Muy rajoiano. Tras esas sentencias del 2016 tomó forma otro proceso: reclamar las cantidades adeudadas. Ahora, en abril de 2021, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha fijado las cantidades a percibir. Los 57 millones se reparten por años:  2015 (20 millones), 2016 (22,5 millones) y los siete primeros meses de 2017 (14.520.548 euros), cuando entró en vigor la nueva normativa..

El Supremo da la razón, entre otros, a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), la asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) y la de Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión de España (AISGE), que reclamaron que se declarase la responsabilidad patrimonial del Estado por la ausencia de percepción de la compensación equitativa, desde la anulación del anterior sistema hasta la aprobación del nuevo en 2017. La Sala del Supremo también fija los porcentajes de distribución entre las tres modalidades de reproducción contempladas: 25% para la reproducción de libros y publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros, del 30% para la reproducción de fonogramas, y del 45% para la reproducción de videogramas.

Cabe preguntarse si les embargarán los bienes a estos políticos mencionados, para hacer frente a este desembolso de 57 millones. Porque son ellos los responsables. Sus errores fueron clamorosos en su día, desde el primer minuto. Añadiría a la lista a los medios y periodistas que lanzaron campañas contra el canon y aplaudieron su supresión. No todo vale. Y muchos tenemos memoria y recordamos…

P.D.: otro día ya hablamos de la gestión de Rodrigo Rato, la escandalosa cifra del rescate de Bankia, su fusión y los despidos que se avecinan. ¡Qué bien gestionan estos del Partido Popular!

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