Las Comunidades Autónomas han fallado a los dependientes y a nuestros mayores. Porque estas competencias, como la Sanidad, están transferidas a las autonomías. Son responsables de su gestión. Con y sin estado de alarma.
Empiezan a aparecer datos que explican el exceso de mortalidad sufrido en España de marzo a mayo, los meses clave de la pandemia. También arrojan más luz sobre la gran discrepancia entre las cifras oficiales de fallecidos del gobierno y los datos del INE, el Instituto de Salud Carlos III o las de El País de la semana pasada (a grandes rasgos coinciden los tres). Precisamente el periódico hoy aporta esta espeluznante información sobre los dependientes: «Cada ocho minutos muere una persona en la lista de espera de la dependencia» y subtitulan «De marzo a mayo se registró un exceso de mortalidad de más de 25.000 personas entre quienes recibían un servicio o prestación a través de la ley«. En el texto del artículo podemos leer:
[…] De enero a junio se registraron 32.035 decesos entre quienes tenían reconocido el derecho a recibir una prestación o servicio y quienes aguardaban a ser valorados para saber si pueden optar a ello. De media, son 176 fallecimientos al día “en el laberinto burocrático de la ley, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que analiza datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales. No quiere decir que fallecieran por no haber sido atendidos, pero sí que muchos lo hicieron sin recibir una asistencia a la que tenían derecho. […]
Es interesante observar el desglose por Comunidades:
[…] La mayor tasa se registró en Madrid (196%, con 7.307 fallecidos más de lo esperado), seguida de Castilla-La Mancha (174%, con 3.060 muertes más) y Cataluña (119%, con 6.162 decesos más de los previstos). Las autonomías con menores tasas fueron Murcia (16%, con 150 muertes más), Andalucía (21%, 1.186 fallecidos más) y Asturias (26%, con 2017 decesos más). […]
Me refería en el segundo párrafo a la aparición de datos que «arrojan más luz» porque, para desgracia de quienes hemos tenido que afrontar esta situación con seres queridos, algunos intuíamos esta situación. Especialmente si resides en la Comunidad de Madrid. Pero nunca imaginamos que la situación hubiese llegado a este nivel. Algo atroz.
El asunto de las residencias de mayores también era más o menos obvio. Desde el momento que CCAA como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña o Madrid empezaron a intentar tapar el asunto, ocultando cifras de fallecidos o echándole la culpa a Pablo Iglesias. La labor de Manuel Rico de infoLibre sobre este tema ha sido notable. De entrada ha distinguido entre las privadas y las públicas. Y nos ha llevado a preguntarnos, al menos a mi: ¿qué pintan las constructoras y los fondos de inversión en las residencias de mayores? La respuesta es sencilla: ganar dinero. Para ganar dinero no escatiman esfuerzos y sí lo hacen en la atención y cuidado de su clientela.
En la CAM, que es la que me toca, fallecieron 5.795 mayores atribuidos al coronavirus entre marzo y abril. En este enlace encontraran el informe desglosado de Rico sobre la hecatombe de las residencias de Madrid y en este otro la noticia sobre la Marea de Residencias pidiendo al Supremo que evite la destrucción de las conversaciones entre el Summa 112 y los geriátricos de Madrid.
El fracaso del periodismo, salvo honrosas excepciones, ha sido notorio. No han informado. Han opinado, con la clara intención de crear un estado de opinión desfavorable al gobierno central de coalición mientras tapaban la responsabilidad de las CCAA dirigidas por el PP. Se han inventado informes y comités de expertos. La manipulación de la información ha llegado a momentos tan chuscos como dar voz y crédito a una fauna que va desde alcohólicos, cocainómanos, famosos de la telebasura, frikis diversos hasta llegar a un contable australiano. Todos encontraron protagonismo para propagar las más disparatadas teorías, todas contrarias al gobierno central. La realidad solo interesaba a estos medios si respondía a su agenda desestabilizadora.
Uno de los mantras más usados fue el de las manifestaciones feministas del 8 de marzo. Incluso cuando ya se sabía que el impacto no fue el que pretendían contarnos. Eran los mismos que pusieron el grito en el cielo cuando los organizadores del Mobile de Barcelona suspendieron su evento. Entonces, mediados de febrero, eran unos exagerados por cancelar, porque no existía ningún riesgo ni amenaza. A pesar de movilizar gente de todo el planeta, incluyendo lugares donde los contagios masivos ya eran conocidos. Pocas semanas después las manifestaciones locales de las mujeres eran «infectódromos», como definió Díaz Ayuso a la de Madrid. Ella, precisamente ella, que se contagió a pesar de no haber acudido a la de la capital. ¿Y ahora qué pasa? ¿Los rebrotes que estamos sufriendo vuelven a ser por la (inexistente) proliferación de concentraciones feministas?
Quienes criticaban a Pedro Sánchez durante la primera ola ahora piden que intervenga ante la inutilidad de varias Comunidades. Cataluña y Madrid vuelven a liderar esta penosa clasificación. Y mientras tanto, estas mismas voces que dicen una cosa y la contraria, callan sobre los dependientes y las residencias.
El Mundano 